El PSOE lleva al PE la «discriminación» de Fomento en la inversión ferroviaria


Trasladará a la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Europeo su preocupación para que controle y supervise el trabajo del Gobierno

21.03.13 - 00:50 -

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció ayer que su partido llevará al Parlamento Europeo la discriminación que está sufriendo la línea férrea Algeciras Bobadilla. Así, mañana las eurodiputadas Carmen Romero e Inés Ayala se reunirán junto a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, con la plataforma de agentes económicos y sociales del Campo de Gibraltar para estudiar las diferencias en el trato que el Ministerio de Fomento está dando a las inversiones que se deben de llevar a cabo para configurar los corredores ferroviarios ratificados por la Unión Europea. Se pretende que las eurodiputadas socialistas conozcan bien qué está pasando con el corredor 3 que parte de Algeciras perteneciente a la red básica transeuropea y cuyas obras deberían estar concluidas antes del año 2020. «Queremos que trasladen nuestra preocupación a la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Europeo y que controlen y supervisen el trabajo del Gobierno central para ver si se están dando todos los pasos y esfuerzos presupuestarios para cumplir con esa previsión», señaló.
Llevar esta problemática al Parlamento es un paso más en la estrategia de presión política del PSOE en apoyo a las infraestructuras de la comarca «visto el desinterés, desidia y dejadez del Gobierno central». El dirigente socialista se refirió al último comunicado emitido por el Ministerio de Fomento en relación al Corredor Mediterráneo tras una intervención de la ministra, Ana Pastor, en el Senado que, a su juicio, «está plagado de informaciones tergiversadas como las que dio en su visita de unos minutos el sábado a la comarca, donde no se comprometió a nada, sino que consistió en una nueva visita que se repite cada tres meses para después no decir nada».
Respecto a la nota de prensa de Fomento que Ruiz Boix cuestiona, subrayó que en el texto se recoge cómo Pastor dotó a través de su Gobierno durante 2012 y 2013 con 2.433 millones de euros al Corredor Mediterráneo, desglosando todas las partidas destinadas a los distintos tramos del Levante. En concreto, el dirigente socialista lamenta que al final del texto se recoja lo relativo al Campo de Gibraltar, «la pírrica inversión de los 14 millones que se corresponden con el apeadero de San Roque y una inversión de 70 millones en el tramo Almoraima-Algeciras».
«A nosotros supuestamente nos van a corresponder 70 millones sin respaldo alguno presupuestario, por eso la pregunta al diputado Landaluce y a la ministra es cómo piensan realizar la licitación de esa inversión si la partida destinada a la Algeciras Bobadilla es de sólo 14 millones, que es lo que contemplan los PGE», reprochando a ambos responsables del PP que «para que sus palabras tenga credibilidad queremos saber de dónde piensan sacar los 70 millones de euros, porque las inversiones previstas para los sucesivos años suman sólo 50. Los representantes públicos de la comarca estamos obligados a explicar a la ciudadanía la realidad de las cifras que deben estar avaladas por una consignación presupuestaria», señaló Ruiz Boix, al tiempo que solicitó a Landaluce y Pastor que realicen una modificación del presupuesto «para darle credibilidad a esa inversión de 70 millones anunciada en la nota de prensa».
Ruiz Boix mostró en su intervención ante los medios un mapa con el corredor 3 de la red transeuropea, enfatizando que «nace en Algeciras y de este aparece un ramal que va de Barcelona a Valencia» para, a continuación, criticar que «si se ve lo que está pintando el Gobierno del PP, dándole prioridad a la conexión a través de Valencia, Murcia, Almería y el resto de la costa hasta llegar de nuevo a Algeciras, es justo lo que está recibiendo mayor número de inversiones a pesar de no formar parte de la red básica».
El socialista considera que «es un capricho del PP en plena política de austeridad», precisando que «primero habría que alcanzar los plazos para la red básica que parte de Algeciras y después compartiremos la necesidad de las demás inversiones en el resto de territorios».

El PSOE pretende que la UE controle las inversiones del Gobierno en el tren

Las eurodiputadas Inés Ayala y Carmen Romero se reunirán mañana con la plataforma del ferrocarril Boix señala que la inversión de 70 millones para la Algeciras-Almoraima es errónea
Y. G. T. ALGECIRAS | ACTUALIZADO 21.03.2013 - 01:00
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Ruiz Boix muestra la nota de prensa del Ministerio de Fomento, en presencia de Félix Duque, ayer en Algeciras.
El Parlamento europeo conocerá y valorará las inversiones que el Ministerio de Fomento está realizando en los distintos tramos del Corredor Mediterráneo a través del Partido Socialista. El vicesecretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, informó ayer que dos eurodiputadas socialistas Inés Ayala y Carmen Romero, acompañadas de la secretaria provincial del PSOE, Irene García, se reunirán mañana vienes en Algeciras con la Plataforma en defensa de las mejoras ferroviarias en la que están incluidos los de agentes económicos y sociales del Campo de Gibraltar para conocer y estudiar las diferentes inversiones en el corredor.

El PSOE pretende que las eurodiputadas socialistas conozcan qué está pasando con el corredor 3 que parte de Algeciras, perteneciente a la red básica transeuropea y cuyas obras deberían estar concluidas antes del año 2020. "Queremos que controlen y supervisen el trabajo del Gobierno central para ver si se están dando todos los pasos y esfuerzos presupuestarios para cumplir con esa previsión", indicó Juan Carlos Ruiz Boix. Trasladar esta preocupación a la Comisión de Infraestructuras del Parlamento es una de las opciones que a juicio de Ruiz Boix le queda al PSOE "visto el desinterés y la desidia" de Gobierno central en el tramo Algeciras-Bobadilla.

El vicesecretario general del PSOE tachó el último anuncio del Ministerio de Fomento sobre la inversión de 70 millones del tramo Algeciras-Almoraima como de una información "tergiversada", que se produce tras una comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Senado, "que pasó por Algeciras sin pena ni gloria y sin anunciar nada ni comprometerse a nada".

Respecto a esa nota de prensa de Fomento, Ruiz Boix indicó que dice mucho como la inversión de 2.433 millones en el Corredor Mediterráneo en los años 2012 y 2013 y desglosó todas las partidas destinadas a los distintos tramos del levante.

"En el último párrafo se incluye en el acceso a los puertos la inversión Algeciras-Almoraima con una inversión de 70 millones y la orden de licitar 14 millones que corresponden al apeadero de San Roque", destacó Ruiz Boix, quien se preguntó cómo se va a invertir esta cantidad sin consignación presupuestaria. "Me gustaría que Landaluce y a Ana Pastor expliquen cómo piensan invertir 70 millones si la partida presupuestaria es de sólo 14 millones y es lo único que aparece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", añadió el vicesecretario de PSOE de Cádiz, quien mostró su incredulidad por el aumento del presupuesto en esta infraestructura cuando según los PGE de este año, el cronograma de inversión es de 55,4 millones entre los años 2013 a 2015.

"Es totalmente errónea la nota de prensa y el PSOE tiene la obligación de informar a los ciudadanos de la realidad", apuntó el dirigente socialista, quien aseguró que tanto "Pastor como Landaluce no tienen credibilidad aunque nos gustaría que fuera una realidad y que realizaran una modificación presupuestaria para licitar esos 70 millones". Así mismo, argumentó que de ser ciertos estos 70 millones siguen siendo una cantidad "ínfima e irrisoria" y supone una discriminación con Andalucía y la provincia de Cádiz, comparado con la inversión que se está realizando en el tramo de Levante. "El corredor Mediterráneo Eje 3 nace en Algeciras y es prioritario y no el ramal de Levante, que es un capricho del Gobierno", apostilló.

El 'acuerdo por el empleo' contempla lograr un acuerdo bipartito para reactivar la negociación colectiva

Expresa "firmeza" en la reclamación al Gobierno central en aspectos como "una financiación suficiente para las acciones de formación"
EUROPA PRESS. 20.03.2013
El Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado entre Junta de Andalucía, CCOO, UGT y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) contempla el compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales para alcanzar un acuerdo bipartito que "agilice y reactive la negociación colectiva" y a establecer vías de diálogo que contribuyan a mejorar el marco de las relaciones laborales en Andalucía.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha presidido la firma de este acuerdo por parte del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, los secretarios general de UGT-A y CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, y el presidente de la CEA, Santiago Herrero.
El Acuerdo por el Progreso Económico y Social de Andalucía persigue generar confianza en el contexto de profunda crisis económica a través de la adopción de compromisos en doce áreas como son la planificación y el diálogo social, la dinamización del empleo, la negociación colectiva, la financiación de la actividad productiva, la inversión pública, la internacionalización de la economía, la I+D+i y las TIC, los sectores productivos, la mejora de la regulación, la eficiencia y la simplificación de trámites, la garantía de los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la financiación de la comunidad autónoma y la defensa de los fondos de la Unión Europea.
Los compromisos están diseñados para "alcanzar los objetivos de la recuperación del empleo y la reactivación económica, propiciar un modelo de crecimiento sobre los pilares de la competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión y la igualdad social, así como garantizar los derechos sociales de los ciudadanos recogidos en el Estatuto de Autonomía".
El Acuerdo aborda medidas de dinamización del empleo entre las que se incluyen un nuevo Plan de Choque para el año 2014 y un Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad. Del mismo modo, las partes acuerdan priorizar las zonas especialmente afectadas por la crisis, el impulso de la formación para el empleo y la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
El documento manifiesta la preocupación por el aumento de la conflictividad laboral y, en este contexto, acuerda el fomento de la actividad del Sercla así como el reforzamiento de la negociación colectiva en Andalucía. En este sentido, las organizaciones sindicales y empresariales se comprometen a establecer vías de diálogo que contribuyan a mejorar el marco de las relaciones laborales en Andalucía y alcanzar un acuerdo bipartito que agilice y reactive la negociación colectiva.
En relación con la falta de financiación de la actividad productiva, las partes deciden impulsar los incentivos a la cooperación, concentración y aumento de tamaño de las empresas, así como potenciar organismos e instrumentos públicos y privados de financiación.
Inversión pública
El acuerdo incluye la necesidad de impulsar la inversión pública "ante la actual debilidad de la demanda interna", incidiendo especialmente en las infraestructuras ferroviarias. Para ello, plantea la elaboración de nuevos planes de infraestructuras y concertado de vivienda y suelo, así como el impulso a las obras hidráulicas previstas. Del mismo modo, se incluye la formulación de nuevos planes en materia de Internacionalización, I+D+i y TIC, así como la Estrategia de Innovación de Andalucía
Ante la "debilidad" observada en la oferta productiva, el Acuerdo apuesta por la elaboración de un nuevo Plan Industrial que potencie la atracción de inversiones y luche contra la deslocalización.
De igual forma, se impulsa la planificación sectorial en los ámbitos del comercio interior, el turismo, el transporte, la minería y las energías renovables y se establece la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, reforzando los procesos de simplificación administrativa y reducción de trámites así como la necesidad de elaborar un informe de impacto sobre la competitividad previo a cualquier norma legal o reglamentaria. Dentro del compromiso con la transparencia y la mejora de la eficiencia de las políticas públicas, el Acuerdo promueve un sistema de evaluación de las mismas.
El acuerdo reafirma el "compromiso y voluntad" de mantener y reforzar el derecho social a la educación, la sanidad, los servicios sociales y a la vivienda. En concreto, se contempla impulsar un Plan Extraordinario de Emergencia Social, un Programa de Solidaridad Alimentaria y un Programa de Protección y Apoyo a las Familias, así como la articulación de una Estrategia de Inclusión Social y lucha contra la pobreza.
FINANCIACIÓN
El texto hace una defensa del Estatuto de Autonomía y, de forma expresa, subraya la importancia de la plena efectividad de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto en la financiación de inversiones del Estado en Andalucía, que "tienen que tener al menos una cuantía equivalente a su peso poblacional". El documento establece que lo contemplado en la Disposición Adicional Tercera "debería ser un referente para el Estado más allá del año 2014".
Las partes reclaman además "una correcta aplicación del modelo de financiación autonómica y la mejora del reparto del déficit, endeudamiento y liquidez en función de la población".
Ante la disminución de los fondos de la Unión Europea en una situación de crisis económica, el texto defiende la adicionalidad de los fondos estructurales, reclama el mantenimiento de la dotación presupuestaria de la Política Agraria Común y del desarrollo rural. Adicionalmente, se establece que la programación de los fondos estructurales para el período 2014-2020 se realizará priorizando el objetivo de la generación de empleo.
Del mismo modo, el documento expresa una posición de "firmeza" en la reclamación al Gobierno de España de aspectos que son relevantes para la consecución de los objetivos que persigue y cuya competencia recae en la Administración central.
En particular, se demanda "una financiación suficiente para las acciones de formación en alternancia, como son procesos mixtos de empleo y formación", un programa extraordinario de inversiones en el mundo rural para afrontar las dificultades que atraviesan los trabajadores del campo andaluz, un Plan Especial de Empleo para Andalucía con su correspondiente dotación financiera, al igual que los aprobados para Extremadura y Canarias, un papel más activo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el comienzo de las obras del Eje Central y del Eje del Mediterráneo y la priorización de las conexiones con Andalucía (puerto de Algeciras).

Fomento prevé licitar los proyectos de la Algeciras-Almoraima antes del verano

Pastor sostiene que tras la salida a concurso de las obras en San Roque, se avanza en la redacción del resto del tramo Rechaza que haya un mayor ritmo inversor en el Levante
A. R. ALGECIRAS | ACTUALIZADO 17.03.2013 - 01:00
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Pastor saluda a su llegada al puerto de Algeciras, ayer por la mañana.
La ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), aseguró ayer que espera que el resto de los proyectos que componen el subtramo ferroviario Algeciras-Almoraima puedan salir a licitación antes del verano. Pastor, quien asistió en Algeciras a la presentación de un sistema de previsión meteorológica para el puerto, explicó que tras la salida a concurso de los primeros trabajos en San Roque, Fomento se encuentra en estos momentos redactando los proyectos restantes.

La titular de Fomento aclaró que la redacción para las mejoras de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en el entorno de San Roque, con un presupuesto estimado de 7,5 millones de euros, se encuentra ahora en fase de supervisión. Y también enumeró como materias pendientes en el subtramo Algeciras-Almoraima la renovación de la vía en el resto de la línea y la mejora de las instalaciones de seguridad y comunicaciones para mejorar el acceso al puerto algecireño.

"Cuando llegué, me encontré con que en la línea Algeciras-Almoraima-San Pablo-Ronda-Antequera no se estaban haciendo inversiones y lo que hemos hecho es empezar cumpliendo, a pesar de las restricciones presupuestarias", afirmó, y puso como ejemplo la ya citada salida a licitación del apartadero de San Roque, el pasado 15 de febrero. Por lo tanto, Pastor aseveró que bajo su gestión se están produciendo movimientos en el primero de los tres subtramos en los que se divide el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. "Hacer camino al andar", parafraseó, si bien insistió en que Fomento no atraviesa su mejor momento. "Debemos 40.000 millones de euros de obras aún pendientes cuando llegué al ministerio. Hay que priorizar el dinero en los lugares que generan más competitividad", valoró.

Preguntada por la exigencia de plazos concretos y la posibilidad de imprimir un mayor ritmo a la ejecución, como reclamó la víspera el diputado socialista Manuel Chaves en un encuentro con la plataforma en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias, Pastor replicó que "por primera vez" se licitan obras en la Algeciras-Almoraima. "Esto va a salir adelante, por primera vez se están licitando obras y haciendo proyectos para que el puerto de la Bahía de Algeciras tenga una salida por ferrocarril propia del siglo XXI. Se va a hacer. Y esos proyectos están en marcha, se van a a terminar, y como éste que hemos licitado de 14 millones se va a seguir para adelante", comentó, para luego pedir "más responsabilidad y menos demagogia".

En cuanto a los diferentes ritmos de inversión entre los tramos del Corredor Mediterráneo en el Levante y la línea Algeciras-Bobadilla, Pastor se limitó a señalar que Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España por inversiones -sin profundizar en el desglose en materia ferroviaria- y remitió a una comparecencia en el Senado sobre las inversiones en Andalucía.

Previamente, la ministra defendió que el departamento avanza en la mejora de la conectividad tras grandes avances en las infraestructuras portuarias "y lo tenemos que hacer también en ferrocarril". Así, citó la terminal ferroportuaria y la terminal de Isla Verde, capaz de acoger trenes de 750 metros, así como la terminal de contenedores y la capacidad para acoger megabuques.

Femca manifiesta su disposición al "diálogo" y a continuar la negociación del convenio del metal en la provincia

La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) ha expresado su "disposición al diálogo" y a la continuidad de las negociaciones del convenio colectivo de la pequeña y mediana industria del metal de la provincia de Cádiz, donde afecta a unos 10.000 trabajadores.
   En un comunicado, la Femca ha salido al paso de las críticas vertidas por los sindicatos, que acusan a los empresarios de pretender "bloquear la negociación con el objetivo de provocar la extinción del convenio". Ante esas "injustificadas", aclara que "los empresarios no tienen ningún interés en que se extinga el convenio y han expresado en todo momento su voluntad de seguir adelante con las negociaciones, ya que consideran necesario contar con un convenio referente y de mínimos que regule las condiciones detrabajo".
   Para los empresarios del metal, "este convenio debe ajustarse a la realidad y a la difícil coyuntura económica, de forma que se pueda contar con una herramienta eficaz que facilite la adaptación competitiva de las empresas y que atraiga inversión y carga de trabajo".
   Así, para Femca "no es comprensible que, siendo Cádiz una de las provincias con mayor desempleo del país, cuente con un convenio del metal cuyo coste salarial es el segundo mayor de España y el mayor de Andalucía". De hecho, este coste salarial es "un 34 y un 20 por ciento superior a la media nacional y andaluza respectivamente". En este sentido, los empresarios del metal lamentan el "gran número de empresas de este sector que han tenido que cerrar durante los últimos años".
   Por esta razón, la patronal considera necesario "revisar las condiciones del actual convenio y que éste no se convierta en un inconveniente a la hora de realizar inversiones en la provincia". En definitiva, un convenio que "contribuya al mantenimiento y a la creación de empleo y no a su destrucción".
   Para los empresarios este acuerdo debe "mantener y mejorar la posición de las empresas en el mercado así como su productividad", de forma que se pueda "mantener el equilibrio entre las empresas y sus trabajadores a la vez que permita hacer frente a la actual situación económica".
   Por último, y respecto a la cuestión de los "atrasos" y al "bloqueo de la negociación por parte de los sindicatos" hasta que estos no sean abonados, la Femca manifiesta que "este punto no puede ser un obstáculo para negociar y firmar el convenio ya que este aspecto ha sido reclamado por los sindicatos por vía judicial y será por tanto por esta vía por donde se resuelva".

Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),

Antonio Cañete, acaba de ser elegido presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), aunque ha sido desde siempre uno de los promotores y máximos dirigentes de esta organización, que, como él mismo dice, trabaja por "una causa justa y necesaria en nuestro país".

Todavía joven, no ha cumplido los 50, ingeniero industrial y profesor titular de ciclos formativos de grado medio y superior en excedencia, Antoni Cañete es también secretario general de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) y colaborador en el desarrollo de consorcios internacionales del ICEX en sus programas de ayuda a las pymes. Con una amplia y exitosa trayectoria profesional, destaca sobre todo por su cordialidad, su claridad de ideas y un entusiasmo que contagia al interlocutor.

Después de dos años de entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad, parece que seguimos igual y que no ha servido para nada.

Nos estamos encontrando con grupos de interés que intentan hacer popular que la ley no sirve para nada. Sin embargo, la Ley de 2010 es necesaria; otra cosa es que sea suficiente y no. Por eso, desde la plataforma pedimos que se pongan mecanismos que puedan permitir su cumplimiento. Otra cosa es también que no estemos utilizando algunos mecanismos que nos posibilita la ley. Por ejemplo, en el ámbito público, antes, para poder solicitar una deuda a la Administración tenías que hacer una reclamación y luego irte a un contencioso-administrativo y seguir un proceso que duraba dos años.

Probablemente la causa de esta situación es que la ley carece de un código sancionador.

Hemos denunciado ya que las empresas del Ibex están pagando a 215 días. Empresas auditadas y que deberían cumplir la ley; es decir, empresas que están cometiendo un delito. Por eso, lo que pedimos es que en esta ley se debe aplicar un régimen sancionador. Pedimos que se pongan medidas extrajudiciales para poder solicitar el cobro, y hemos puesto como ejemplo el modelo francés, la mise en demeure, que es simplemente una carta certificada que cuando a ti, como proveedor, no te paga tu cliente, la envías y con ella tienes un documento que tiene una condición jurídica para poder reclamar ese pago. Son medidas extrajudiciales las que reclamamos, y, entre ellas, otro elemento fundamental son los tribunales de comercio, que hacen que sean los propios empresarios quienes sentencian sobre el incumplimiento.

Y en un país con seis millones de parados, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar y cuántos trabajadores se han quedado sin empleo por culpa de la morosidad?

Con los datos que manejamos, que son también los que maneja el Gobierno, podemos decir que una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho por culpa de la morosidad directa o indirectamente. Por eso, cuando constituimos la plataforma y se lo explicamos a los sindicatos estuvieron prácticamente de acuerdo con nosotros.

La entrada en vigor de la directiva comunitaria, el 16 de marzo, ¿va a solucionar el problema?

Si alguien piensa que esto lo vamos a solucionar con una ley, con una varita mágica y de hoy para mañana, se equivoca. La directiva europea es una oportunidad enorme para corregir los fallos legislativos que todavía tenemos, porque, vista desde Europa, la morosidad es un problema de los países del sur y, como dijo el director de la Organización Mundial del Comercio, es el caldo de cultivo de la corrupción, un problema grave que lastra a los países y a las empresas desde el punto de vista de la competitividad.

Pero, sobre todo, la directiva europea va a ser muy importante porque marca una obligación a las Administraciones de que deben pagar en un plazo de 30 días, y es obligatorio. Y si no pagan las Administraciones, pagará Hacienda y les descontará. Y desde la Plataforma vamos a denunciar ante la UE si no se cumple.

¿Son las Administraciones Públicas las principales culpables del lastre de la morosidad en España?

A mi me entristece cuando veo a muchas organizaciones de nuestro país que sólo se preocupan de las deuda en el ámbito de lo público. El problema de la morosidad es de todos. Sin duda, las Administraciones son las grandes contratadoras del país y las que inician la cadena de pago. Por tanto, su importancia es trascendental. Por eso, y porque muchas veces sirven como excusa para que no paguen los particulares. Ahora queremos que con la misma contundencia y exigencia el sector privado actúe en consecuencia.

Finalmente, el Plan de Pago a Proveedores, ¿ha sido realmente tan beneficioso como presume el ministro de Hacienda?

Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha las líneas ICO para pagar a los ayuntamientos ya dijimos que no iba a funcionar porque estaban mal diseñadas. Pero cuando el Ejecutivo de Rajoy diseñó el Plan de Pago a Proveedores, les dijimos que iba a funcionar. Primero, porque se daba la garantía del Tesoro; segundo, porque lo pagan las entidades financieras y no el ayuntamiento, sino que se les descuenta directamente.

Se han pagado 27.000 millones de euros y eso demuestra que cuando se quiere pagar y se ponen mecanismos para ello se paga. Porque con el asunto de la morosidad no podemos actuar de forma aislada. Por eso, hago un llamamiento a la sociedad civil para que participe activamente en una causa justa y necesaria para nuestro país, para que seamos más competitivos.

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