CARMEN GONZÁLEZ / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 18.04.2012 - 09:28
Nicolás Muela, del departamento de Derecho Público de Garrigues Abogados, trasladó ayer a las empresas proveedoras dos mensajes principales respecto al plan de pago por parte del Gobierno central. El primero, relativo a la importancia de que las empresas sean "absolutamente diligentes" a la hora de comprobar si sus deudas han sido o no incluidas en la relación de créditos, que debe remitir cada entidad local al Ministerio de Hacienda y si no han sido reconocidas que soliciten la certificación individual. También deben ser conscientes, dijo, de que la Administración tiene un plazo de 15 días para responder y si no lo hace, "el silencio se entiende estimada su solicitud".
En una charla informativa organizada por dicho despacho en colaboración con la Cámara de Comercio, Muela se refirió en segundo lugar al mecanismo de cobro de las facturas por parte de las empresas. "Tienen que ser conscientes de que no van a cobrar las facturas del Ayuntamiento sino de las entidades de crédito o del fondo que ha constituido el Ministerio para ello". En este sentido, resaltó que el hecho de que sean las entidades financieras las que paguen es un buena noticia "pues va a suponer una mayor agilidad a la hora de realizar esos pagos".Nicolás Muela quiso dejar claro que esto es "una inyección financiera para hacer frente a las deudas de los ayuntamientos con sus proveedores, pero a cambio de una serie de contrapartidas por parte del Ayuntamiento". Es decir, Hacienda inyecta este capital con el compromiso municipal de llevar acabo una operación de endeudamiento a largo plazo además de tener que presentar un plan de ajuste, que debe aprobar el Ministerio y en el que cabrían medidas relativas a personal o subidas de tasas. "Esta claro que los ayuntamientos se tienen que apretar el cinturón a costa del gasto público".Muela también destacó que "la exigencia de ese plan de ajuste es tal que la garantía del mismo en la participación que tienen los ayuntamientos en determinados ingresos tributarios del Estado". Es decir, que si ese plan de ajuste no es aprobado, "se detraerán las cantidades oportunas para hacer frente al pago a los proveedores de esos ingresos", añadió, destacando que "es una de las vías fundamentales de financiación que tienen l os ayuntamientos".Muela también recordó que la Junta de Andalucía ya ha acordado adherirse también al mecanismo de financiación para deudas de esta administración.Por parte de la Cámara de Comercio, el responsable del área de Desarrollo Empresarial, David Jurado, destacó el gran interés suscitado por las empresas respecto a la charla de ayer. También añadió que se les había aportado por parte de la Cámara mucha información desde que se dio a conocer el decreto aprobado por el Gobierno lo cual había evitado muchas llamadas, si bien sí se han recibido consultas puntuales.Los proveedores tienen de plazo hasta el 20 de abril para comunicar en papel su voluntad de acudir al procedimiento y hasta el 22 para hacerlo por vía telemática. En cualquier caso, los ayuntamientos pueden emitir una última remesa de facturas hasta el 8 de mayo.
