Todavía joven, no ha cumplido los 50, ingeniero industrial y profesor titular de ciclos formativos de grado medio y superior en excedencia, Antoni Cañete es también secretario general de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) y colaborador en el desarrollo de consorcios internacionales del ICEX en sus programas de ayuda a las pymes. Con una amplia y exitosa trayectoria profesional, destaca sobre todo por su cordialidad, su claridad de ideas y un entusiasmo que contagia al interlocutor.
Después de dos años de entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad, parece que seguimos igual y que no ha servido para nada.
Nos estamos encontrando con grupos de interés que intentan hacer popular que la ley no sirve para nada. Sin embargo, la Ley de 2010 es necesaria; otra cosa es que sea suficiente y no. Por eso, desde la plataforma pedimos que se pongan mecanismos que puedan permitir su cumplimiento. Otra cosa es también que no estemos utilizando algunos mecanismos que nos posibilita la ley. Por ejemplo, en el ámbito público, antes, para poder solicitar una deuda a la Administración tenías que hacer una reclamación y luego irte a un contencioso-administrativo y seguir un proceso que duraba dos años.
Probablemente la causa de esta situación es que la ley carece de un código sancionador.
Hemos denunciado ya que las empresas del Ibex están pagando a 215 días. Empresas auditadas y que deberían cumplir la ley; es decir, empresas que están cometiendo un delito. Por eso, lo que pedimos es que en esta ley se debe aplicar un régimen sancionador. Pedimos que se pongan medidas extrajudiciales para poder solicitar el cobro, y hemos puesto como ejemplo el modelo francés, la mise en demeure, que es simplemente una carta certificada que cuando a ti, como proveedor, no te paga tu cliente, la envías y con ella tienes un documento que tiene una condición jurídica para poder reclamar ese pago. Son medidas extrajudiciales las que reclamamos, y, entre ellas, otro elemento fundamental son los tribunales de comercio, que hacen que sean los propios empresarios quienes sentencian sobre el incumplimiento.
Y en un país con seis millones de parados, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar y cuántos trabajadores se han quedado sin empleo por culpa de la morosidad?
Con los datos que manejamos, que son también los que maneja el Gobierno, podemos decir que una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho por culpa de la morosidad directa o indirectamente. Por eso, cuando constituimos la plataforma y se lo explicamos a los sindicatos estuvieron prácticamente de acuerdo con nosotros.
La entrada en vigor de la directiva comunitaria, el 16 de marzo, ¿va a solucionar el problema?
Si alguien piensa que esto lo vamos a solucionar con una ley, con una varita mágica y de hoy para mañana, se equivoca. La directiva europea es una oportunidad enorme para corregir los fallos legislativos que todavía tenemos, porque, vista desde Europa, la morosidad es un problema de los países del sur y, como dijo el director de la Organización Mundial del Comercio, es el caldo de cultivo de la corrupción, un problema grave que lastra a los países y a las empresas desde el punto de vista de la competitividad.
Pero, sobre todo, la directiva europea va a ser muy importante porque marca una obligación a las Administraciones de que deben pagar en un plazo de 30 días, y es obligatorio. Y si no pagan las Administraciones, pagará Hacienda y les descontará. Y desde la Plataforma vamos a denunciar ante la UE si no se cumple.
¿Son las Administraciones Públicas las principales culpables del lastre de la morosidad en España?
A mi me entristece cuando veo a muchas organizaciones de nuestro país que sólo se preocupan de las deuda en el ámbito de lo público. El problema de la morosidad es de todos. Sin duda, las Administraciones son las grandes contratadoras del país y las que inician la cadena de pago. Por tanto, su importancia es trascendental. Por eso, y porque muchas veces sirven como excusa para que no paguen los particulares. Ahora queremos que con la misma contundencia y exigencia el sector privado actúe en consecuencia.
Finalmente, el Plan de Pago a Proveedores, ¿ha sido realmente tan beneficioso como presume el ministro de Hacienda?
Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha las líneas ICO para pagar a los ayuntamientos ya dijimos que no iba a funcionar porque estaban mal diseñadas. Pero cuando el Ejecutivo de Rajoy diseñó el Plan de Pago a Proveedores, les dijimos que iba a funcionar. Primero, porque se daba la garantía del Tesoro; segundo, porque lo pagan las entidades financieras y no el ayuntamiento, sino que se les descuenta directamente.
Se han pagado 27.000 millones de euros y eso demuestra que cuando se quiere pagar y se ponen mecanismos para ello se paga. Porque con el asunto de la morosidad no podemos actuar de forma aislada. Por eso, hago un llamamiento a la sociedad civil para que participe activamente en una causa justa y necesaria para nuestro país, para que seamos más competitivos.
